Por David Uzcátegui
Secretario Nacional de Asuntos Municipales Primero Justicia
@DavidUzcategui
Cuenta una popular metáfora que hay quienes, cuando reciben una mala noticia, reaccionan matando al mensajero, como si él fuera culpable de lo acontecido, como si tuviera alguna responsabilidad más allá de llevar la información.
Echamos hoy mano de esa comparación para explicar de alguna manera lo que le está sucediendo al gobierno venezolano frente a los propietarios y ejecutivos de las cadenas de venta al detal de alimentos y medicinas.
En los últimos días fue una noticia que causó inquietud el hecho de que se invitara al Sebin a los dueños y gerentes de una cadena de farmacias, tras haberse detectado colas en sus establecimientos.
Para tomarlos como ejemplo, estos establecimientos han mostrado públicamente su voluntad de adecuarse a la compleja situación que vive el país, contabilizando mediante la presentación de la cédula de identidad el consumo semanal de los compradores, publicando los listados de precios regulados y demás medidas que, aunque incómodas, son la única posibilidad de poner algo de orden en medio de la situación que actualmente vive Venezuela.
Por ello sorprende que empresas privadas que hacen su mayor esfuerzo por seguir adelante y por servir al consumidor venezolano, sean objeto de medidas represivas. Desde nuestro punto de vista, lejos de ser responsables de la situación, están contribuyendo en la medida de sus limitadas posibilidades, a aliviarla hasta donde es posible.
Las colas no se originan en las cajas registradoras. Su causa está mucho más allá. Se deben a la escasa disponibilidad de bienes de consumo masivo en anaqueles, una situación que el gobierno no ha logrado revertir. No hay producción nacional, no se otorgan suficientes dólares para importar. Y los comercios al detal se vuelven el cuello de botella al cual acuden mil personas para comprar los cien jabones disponibles.
Es la economía, dijo una vez algún presidente. Y otro más aseguró que la economía es más terca que cualquier revolución. Numerosos especialistas han detallado al gobierno las medidas que debe tomar. Circuló semanas atrás un documento que las detallaba, firmado por sesenta destacados economistas venezolanos. Son esas y no otras. No se puede inventar.
Incluso el mismo ex ministro de planificación de este gobierno, Jorge Giordani, las señaló recientemente en una entrevista a un medio extranjero, subrayando además que se han debido tomar desde el mismo 7 de octubre de 2012, últimas elecciones que ganara el fallecido presidente Hugo Chávez.
Al empresariado venezolano le interesa vender, porque de eso vive. Le interesa la satisfacción de sus clientes. La piedra de tranca no está al final de la cadena, sino al principio: ¿qué se vende, si no hay productos?
Las cámaras de comercio han hecho públicas reiteradamente su mejor voluntad de hacer lo que esté en sus manos para aliviar la situación. Los comerciantes que han sido convocados a hablar con el gobierno han acudido.
La solución a lo que sucede no está en lo punitivo. Se encuentra en la productividad, en el diálogo, en el trabajo conjunto y en la paz. Es un desatino llevarse detenido al mensajero. Es una decisión que agrava las cosas. Arremetiendo contra los establecimientos privados solamente se perjudica a la gente que acude a abastecerse a estos lugares y se empeora la situación.
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