“Cuesta arriba”

David Uzcátegui

@DavidUzcategui

Mientras el país entero avanza hacia el ojo del huracán en medio de la situación más tensa y delicada que, a nivel político recuerde nuestra historia; otra compleja situación se está desarrollando, solapada por la primera: el escenario económico también se está superando a sí mismo en complejidad.

Es imposible no perder el foco en medio de la avalancha de hechos e informaciones que nos aturde cada día a los venezolanos; pero también es cierto que, mientras la situación política no termina de resolverse, cabe preguntarse qué va a suceder con nuestra economía, que podría ser, digámoslo así, la “realpolitik”, no por otra razón sino por esta: los números no mienten. Y son los que mandan.

Y hablamos de este asunto, porque hace pocos días se dio a conocer una información que pasó desapercibida entre las toneladas de titulares que día a día nos agobian: el precio de la Canasta Básica Familiar -CBF- de mayo de 2017 es Bs. 1.426.363,38. Aumentó Bs. 212.343,18, es decir, 3.3 salarios mínimos o 17,5%, con respecto al mes de abril de 2017. Se necesitan 47.545,44 bolívares diarios para cubrir su costo.

Como dijéramos más arriba, los números mandan, y los números no están cuadrando. La variación anualizada para el período de mayo 2017 a mayo 2016 es 369,8%, o Bs. 1.122.747,79. Y lo que es más demoledor: para un venezolano poder cubrir lo incluido en la canasta básica se necesitan entonces 17.3 salarios mínimos, el cual está ubicado actualmente en Bs. 65.021,04.

La estratosférica diferencia entre lo que entra y lo que sale en términos de dinero en un hogar promedio venezolano, explica sin mayores adornos por qué el ciudadano está al límite en esta tierra.

¿Cómo se puede hacer para pulverizar de semejante forma una economía petrolera, que debería estar entre las primeras del mundo? ¿A dónde se fueron los altísimos ingresos petroleros que teníamos hasta ayer nada más? ¿No había que ahorrar, no había que invertir? ¿No hay talentos capacitados en el país como para enderezar el disparate de proporciones mayúsculas que es nuestra economía hoy? ¿O es que esos talentos no pueden tener acceso a la administración pública por no vestir la franela del color que todos sabemos?

Decir las causas de esto es llover sobre mojado, pero como dice el dicho: “Si siempre haces lo que siempre has hacho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido” y quienes administran hoy a Venezuela, están haciendo lo mismo desde hace casi veinte años: espantando al sector privado, criminalizando la iniciativa particular, concentrando todas las actividades en manos gubernamentales para no hacer nada bien.

Vamos a suponer que todos estos disparates partieron de la buena fe de gente bien intencionada que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo: ¿por qué se prolongan en el tiempo? ¿Por qué no se cambia el rumbo? ¿Por qué se sigue sometiendo al martirio a la gente que ellos dicen amar y representar?

Porque estos números fríos e impersonales hablan de realidades que son contundentes. Hablan de comida que falta en la mesa de los venezolanos. Hablan de medicinas a las cuales no se tiene acceso, y no solamente porque no estén presentes en los anaqueles. Se pueden conseguir, en algunos casos; pero no hay con qué pagarlas.

Habla de una gran interrogante sobre dónde y en qué condiciones vive el venezolano, ya que su ingreso ni siquiera le alcanza para comer, mucho menos para el techo.

Y es alarmante el silencio de los responsables de todo este asunto, por aquello de que quien calla, otorga.

El fin último de todo gobierno, es incrementar la calidad de vida de la gente, y el actual ha descuidado este principalísimo y sagrado deber, extraviado en seguir con fidelidad ideologías y recetarios ya amarillentos por el tiempo y de comprobada ineficacia. 

Se ha perdido valioso tiempo –y dinero- en preservar el poder a toda costa, olvidando que ese codiciado elemento no tiene razón de ser si no se utiliza para que la gente viva mejor. Porque el venezolano vive hoy peor, mucho peor.

Y es una realidad inocultable que está en la calle, en los sitios de trabajo, en el transporte público, en los supermercados, en las farmacias y en los hospitales.

Hasta hace no mucho tiempo, podíamos hablar de una sensata corrección del rumbo, por más adverso que fuera el panorama. Pero con la crispación actual, con unos funcionarios que se pelean hasta con su propia sombra, parece que no es mucho lo que se puede hacer. El daño es estructural y profundo.

Quienes creemos que esto debe cambiar –la inmensa mayoría- no podemos perder de vista esta urgente reflexión: el caos económico no se puede perder de vista. Y para asumir una reconstrucción, lo primero es asumir la dimensión de los daños.

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“Fuerza y responsabilidad”

David Uzcátegui

@DavidUzcategui

Uno de los asuntos más delicados y sensibles que se ha puesto en la palestra pública en las últimas semanas es la actuación de los organismos del orden público frente a los ciudadanos que salen a expresar su modo de pensar.

Las versiones sobre lo que sucede, son variadas e incluso, radicalmente opuestas.

Quizá el más contundente episodio sobre este tema en los últimos días, tuvo que ver con el hecho de que el ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Antonio Benavides Torres rechazara el pasado lunes el uso de armas de fuego en el restablecimiento del orden público, ya que está prohibido su uso por la norma venezolana.

La afirmación la hizo escribiéndola a través de su cuenta de la red social Twitter. Como ya es conocido de la opinión pública, el funcionario fue removido de su cargo pocas horas después y se anunció un nuevo destino para él dentro de la estructura gubernamental.

Antes de ser separado de sus funciones, había asegurado que la unidad que dirige tiene estrictas instrucciones de mantenerse apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para preservar el control del orden público.

Estos comentarios fueron realizados tras el fallecimiento de un adolescente la tarde de ese mismo día, presuntamente por el uso de arma de fuego por parte de las Fuerzas Armadas, hecho en el que cinco personas habrían resultado heridas.

Benavides Torres informó la detención de los efectivos que presuntamente están involucrados en la irregularidad, a la vez que hizo un llamado para detener la violencia en las manifestaciones públicas.

Sin embargo, el viceministro de Comunicación internacional William Castillo, negó el pasado martes 20 a la televisora basada en Estados Unidos, TV Venezuela, todas estas acusaciones. "la GNB no está utilizando armas para atacar a las manifestaciones", dijo desde México, con motivo de la reunión de la Organización de Estados Americanos.

Esto reedita la polémica posición de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha hecho un reiterado recuento de los presuntos excesos de las autoridades en las recientes demostraciones de los últimos meses.

Según el sitio web de BBC Mundo, la titular del Ministerio Público declaró, sobre el fallecimiento del joven Juan Pernalete, que "De acuerdo con nuestra investigación la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Él fue impactado por un objeto como éste(…) esto es una bomba lacrimógena", en encuentro con los medios de comunicación sostenido el pasado miércoles 24 de mayo.

La funcionaria agregó que el objeto había sido disparado por la Guardia Nacional, pero que aún no se había individualizado al responsable.

Y a ello se agregan aquellas declaraciones del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López –que citáramos no hace mucho en este espacio-, quien dijera en un acto transmitido por la televisora estatal Venezolana de Televisión: "No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle".

El escenario pues, está servido para abrir la discusión la respecto, ya que, incluso desde figuras vinculadas al oficialismo, han surgido señalamientos y condenas al accionar de las fuerzas públicas en las pasadas semanas.

Estamos en pleno siglo XXI y ciertamente, existen estrictas normativas de carácter internacional que son de obligatorio cumplimiento por las fuerzas del orden público destinadas a cuidar las demostraciones ciudadanas.

Pero más allá de ello, hay estricta normativa emanada en nuestra propia tierra, específicamente en la Constitución Nacional, que también pone límites inequívocos a las potestades de estos organismos.

La espesa sombra de las actuaciones inadecuadas y excesivas, lo que hace es agregar más calor a esta olla de presión que hoy es Venezuela, y generar un rechazo aún mayor a una serie de políticas equivocadas que conducen al país por un rumbo torcido; agregándose ahora el ingrediente de poner en riesgo la integridad de las personas que tiene derecho a expresar su desacuerdo con los numerosos desatinos oficialistas en la conducción del país.

Bien harían quienes hoy conducen al país, en investigar seriamente los mencionados excesos y en castigarlos con todo el peso de la ley. El hecho de que funcionarios se pronuncien de modo individual frente a lo que ya la opinión pública conoce, lo que hace es reiterar la terquedad gubernamental en cuanto a no querer ver el espeso bosque que tiene frente a sí.

Los reconocimientos a cuentagotas de la delicada situación no son lo más deseable; pero también suman, ya que no se puede seguir tapando el sol con un dedo. La desnudez del Emperador también es evidente en este sentido.

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“Una fiscal polémica”

David Uzcátegui

@DavidUzcategui

Lo que está sucediendo en Venezuela es francamente telúrico. Cada vez son más lapidarias las evidencias de que el actual gobierno no atina al camino del bienestar de los venezolanos y, muy por el contrario, parece muy eficaz en coleccionar calamidades para la gente.

No asombra por ello, que las voces que señalan esta incuestionable realidad se multipliquen, sumando incluso unas cuantas que hasta ahora los acompañaban o se mantenían en la discreción, lo cual –para nosotros- es una muestra de que la ciudadanía avanza por el camino correcto en el tenaz reclamo de sus derechos.

Una de esas voces que ha sorprendido en los últimos días es la de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Su actuación de tono técnico e institucional ante la acción de los cuerpos de seguridad, ha sido seguida por la opinión pública con marcado interés.

Todo comenzó con una esperada e inesperada rueda de prensa ofrecida el pasado 24 de mayo, en la cual la funcionaria detalló una serie de casos de excesos en la fuerza pública durante las más recientes demostraciones de calle, escenificadas en varios centros urbanos del país desde el día 6 de abril.

Y en el marco de este evento, las posiciones respecto a la actuación del Ministerio Público se modificaron, ya que las declaraciones de su cabeza sentaron un precedente, en medio de la crisis actual de nuestra nación.

“No es momento para instrumentalizar las muertes. Hago un llamado a todos los grupos políticos para que dejen de hacer hipótesis que se divulgan como rumores, que solo generan más zozobra”, fue una de las frases más impactantes del encuentro. Con ella, queda claro que la institución estaba cumpliendo su rol tan necesario de equilibrio en medio de la vorágine. Algo que deseábamos todos los venezolanos.

Posteriormente ofreció un balance de los 54 días de protestas que iban hasta ese día 24 de mayo. Precisó que el Ministerio Público contabilizaba 55 fallecidos, 52 de los cuales son civiles y 3 funcionarios policiales o militares; 1.000 lesionados, 771 de los cuales son civiles y 229 funcionarios. Adicionalmente, detalló que había 346 bienes inmuebles públicos o privados quemados o saqueados.

Mención aparte merece la discrepancia entre la funcionaria y el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, respecto a la causa de la muerte del joven Juan Pernalete. La divergencia entre dos poderes es algo normal en todas las democracias del mundo; pero en Venezuela aparece como una noticia, porque no es lo usual. Sin embargo, no hay que hilar muy fino para ver que eso es un avance y una situación no solamente necesaria, sino bienvenida, en medio de la complicada fase de nuestra historia que hoy atravesamos.

Por si fuera poco, Ortega presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la convocatoria de Maduro de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y reformar el Estado.

Al igual que quienes adversan al gobierno, critica que no haya un referendo previo para consultar si la población la desea o no. También critica las bases de elección, que será territorial y sectorial, sistema igualmente censurado por la oposición.

Se trata de otro matiz entre las voces que se alzan para mostrar su desacuerdo con el rumbo que lleva el país, y eso es sumamente valioso. Quienes clamas por una rectificación del rumbo, son cada vez más variopintos, lo cual reafirma la legitimidad de los reclamos.

Y es que tenemos una vez más que reconocer nuestros logros como una colectividad que lucha por derechos irrenunciables. La lista de personajes públicos y de funcionarios de rango que se apegan a lo que dice la ley y el derecho, sigue creciendo.

Desde las declaraciones del ministro de la defensa Vladimir Padrino López –quien condenó los excesos de la fuerza pública- hasta los pronunciamientos y las acciones de Luisa Ortega Díaz, podemos ver cómo desde abajo, desde la masa, desde el pueblo, se está presionando a quienes tienen responsabilidades dentro del poder a tomar posición. Y eso es ganancia. Porque las posiciones son a favor de los más desamparados e indefensos en este duro pulso que se libra en el país.

También –y ya lo sabemos- se alzan cada vez más voces disidentes dentro del oficialismo, contra una Asamblea Nacional Constituyente que no cumple los supuestos que están especificados en la misma Carta Magna a la cual pretenden derogar. Porque es eso lo que se quiere, aunque se disfrace con palabras suaves y se utilice el truco de los “caramelos de cianuro”, como se ha dicho en ocasiones anteriores.

Hay quienes afirman que toda voz de disidencia es bienvenida, y estamos de acuerdo, pero, más allá de eso, la acción institucional de un poder, es una ganancia de un valor incalculable en el momento actual.

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“Padrinazgo”

David Uzcátegui

@DavidUzcategui

El cada vez más caótico panorama que hoy padecemos los venezolanos, difícilmente puede ser ignorado. Y eso nos lo confirma el hecho de que importantes funcionarios, así como figuras emblemáticas del oficialismo, se hayan venido manifestando en las últimas semanas contra los despropósitos gubernamentales y los atropellos a la ciudadanía.

El caso más reciente, y sin duda el más importante, ha sido el pronunciamiento del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. “No quiero ver un Guardia Nacional más cometiendo una atrocidad en la calle”, fue la contundente frase que lanzara el alto funcionario, con la cual reconoció públicamente los excesos cometidos contra los ciudadanos en las últimas semanas.

Quizá en medio del torbellino que es la actualidad nacional, la posición de Padrino no haya sido lo suficientemente sopesada. Es una campanada, un “hasta aquí”, un reconocer que alguien debe “ponerle un parao” a esto. Y ese “alguien”, son los responsables del poder, ni más ni menos.

Se empieza a tejer entonces un hilo que guía el señalamiento de los excesos, lo cual es el comienzo para que cesen y para que sean castigados.

Desde hace años, quienes no estamos de acuerdo con lo que sucede en nuestra tierra, nos hemos tropezado reiteradamente contra un infranqueable muro que blinda al gobierno contra los señalamientos y quejas que le dirigimos.

Y reiteramos nuestro derecho a ser escuchados. En una democracia, los gobernantes son empleados de la gente, y existe el derecho a exigirles cuentas y a señalarles sus errores. Esto es lo normal, y el hecho de que este hábito tan saludable nos haya sido confiscado por tantos años, no quiere decir que se haya erradicado. Muy por el contrario, parece regresar, y por la calle del medio, a punta del esfuerzo ciudadano por hacer se escuchar ante estos oídos sordos.

¿Cambiará la actuación de las fuerzas del orden público de aquí en adelante, tras el pronunciamiento de Padrino López? ¿Podremos todos salir a expresar nuestra opinión en las calles de Venezuela?

La duda existe, y no sin motivos. Lo que hemos visto por tanto tiempo, nos induce lo que especialistas han bautizado como “la desesperanza aprendida”. Sin embargo, gestos como el que analizamos, deben reafirmarnos que la denuncia ciudadana reiterada, termina por demoler los muros de silencio que el poder construye a su alrededor.

Debemos seguir adelante con nuestras convicciones, porque, los hechos de los últimos días nos han demostrado que, a cuentagotas, se suma. Al momento de escribir estas líneas, el ministro de la Defensa es la última de una suma de personalidades que han convalidado, desde un punto de vista o desde otro, lo que la gran mayoría de los venezolanos viene denunciando desde hace ya un buen rato.

Las realidades son innegables en este mundo globalizado. Celulares en mano, los venezolanos se han dado a la tarea de registrar y difundir las actuaciones inapropiadas de unos cuantos uniformados.

El punto delicado, el punto de quiebre, tiene que ver aquí con el hecho de decidir si se trata de hechos aislados, de actuaciones individuales; o si es una política generalizada. Es allí donde los pronunciamientos como el de Padrino son claves, porque llegará el momento de sacar esas cuentas.

Y los venezolanos comprometidos a salvaguardar la ciudadanía que no cumplan con su deber, tendrán que responder. Su responsabilidad será individual y no podrán alegar que “cumplían órdenes”. Ahora menos aún, con la contundente declaración del alto funcionario.

"El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia del respeto de los derechos humanos y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad", fueron sus palabras. Una declaración que quedará para la historia y que servirá para confrontar en algún momento, el accionar de estos cuerpos con la posición pública de su máximo líder.

Quienes se sientan tentados a violentar esta línea, deberían pensarlo mucho mejor de aquí en adelante. Ahora lucen mucho más desamparados de cara a la posibilidad de poder defender cualquier exceso futuro.

Como se suele decir, los árboles no dejan ver el bosque. Y es que, a punta de sacrificio y tenacidad, a un costo extremadamente alto, la ciudadanía venezolana está empujando a las instituciones a cumplir su rol.

Veamos el vaso medio lleno y reconozcamos la dimensión enorme del esfuerzo que hemos hecho en estas semanas, que ha conseguido voltear a la opinión pública internacional a nuestro favor, que ha logrado que prominentes figuras del chavismo señalen los desaciertos en materias como la descabellada Asamblea Nacional Constituyente oficialista y que figuras como la Fiscal General y el ministro de la Defensa suenen campanazos de advertencia. Aunque no nos demos cuenta, lo estamos logrando.

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“Constituyente y CNE”

David Uzcátegui

@DavidUzcategui

Para quienes siguen con atención los vertiginosos acontecimientos de Venezuela, debe generar curiosidad la rápida respuesta del Consejo Nacional Electoral ante la propuesta del poder Ejecutivo de convocar una muy sui generis Asamblea Nacional Constituyente.

Y la respuesta, como era de esperarse, fue positiva. El organismo electoral ha puesto el foco en materializar en tiempo récord la solicitud en cuestión.

Llama poderosamente la atención, insistimos, porque aún está fresca en la memoria del venezolano –y de la opinión pública internacional- el hecho de cómo se convirtió en sal y agua la solicitud de un referendo revocatorio al presidente de la República; así como el reiterado retraso en las elecciones regionales.

Si comparamos, por ejemplo, la actual propuesta de ANC con el referendo revocatorio que nos fue confiscado a los ciudadanos por el poder Electoral, el revocatorio en cuestión tenía unos cuantos puntos a favor.

Primeramente, fue convocado por el pueblo. La gente salió a firmar masivamente y muy por encima de la extremada lentitud en el proceso, de la escasez de puntos de recolección de firmas, de máquinas captahuellas y de la cantidad de alcabalas y obstáculos que se pusieron en las vías para llegar a la cita.

Sin embargo, el legítimo evento comicial se desapareció entre galimatías, dejando cargada a la gente de frustración e indignación. Cargas que por cierto, sumaron al cúmulo de injusticias de las cuales es objeto la población venezolana y que hoy mantienen en protesta continua a un enorme número de ciudadanos.

En su momento, el CNE aseguró que acataba las medidas ordenadas por los tribunales y que había girado instrucciones de posponer el proceso de recolección de firmas hasta nueva instrucción judicial, según se podía leer en un comunicado publicado en su página de internet.

La autoridad electoral suspendió así el proceso para la recolección de las firmas del 20% de los electores del país, que era el siguiente requisito para celebrar el revocatorio y que estaba previsto para la semana siguiente a esta declaración.

Todo esto se hizo alegando que un tribunal penal del estado Aragua, anuló el proceso de recolección de firmas que ya se había realizado, superando ampliamente la meta fijada.

Por su parte, la ANC oficialista se está saltando el muy importante paso de someter a aprobación del pueblo, mediante referendo, las bases que regirán este proceso, que si bien puede ser propuesto por el primer mandatario, debe ser refrendado por la gente, tanto en la activación del mismo como en la aprobación del texto que resulte.

El mismo Luis Emilio Rondón, rector principal del CNE, rechazó que se comiencen las postulaciones de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente sin normas que regulen dicho proceso.

Llama pues la atención que, ante un proceso apegado estrictamente a la letra constitucional, como lo fue la más reciente solicitud del referendo revocatorio presidencial, el ente electoral haya caído en la inercia y la inoperancia, al punto de convertir dicha exigencia popular en una idea inoperante; mientras ante una propuesta que cojea de varias patas, actúe con celeridad ejemplar.

Cojea por ejemplo, de llevar un apellido. La “Constituyente Comunal” no existe en el texto constitucional y, en el marco de todo lo que está sucediendo en la nación en estos momentos, cualquier sospecha de sesgo, por mínima que sea, es extremadamente delicada.

En paralelo, esto significa un nuevo escalón en la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, donde el último ha intentado desconocer a toda costa al primero, desde que la correlación de fuerzas cambió dramáticamente en el parlamento, a raíz de las elecciones del 6 de diciembre de 2015, cuando, contra todos los obstáculos, las fuerzas alternativas democráticas se lograron adueñar de una inocultable mayoría, por mandato de la gente.

Todo el proceso de esta curiosa Constituyente que ha sido expuesto a la opinión pública, está salpicado de lo que se ha dado en llamar “caramelitos de cianuro”. Mucho efectismo y muchos conejos que salen del sombrero, cartas que se oculta bajo la manga; pero se aleja peligrosamente no solo del texto constitucional; sino también de lo que fue la Constituyente de 1999, la más reciente de nuestra historia.

Llama la atención que muchos de los constituyentistas de entonces hayan expresado su rechazo a la propuesta actual. Y eso incluye a emblemáticas figuras del chavismo quienes, justamente, destacan las diferencias entre aquel proceso y este que se pretende implementar hoy; amén de las diferencias insalvables entre lo que propone para estos casos la Constitución que ellos mismos firmaron y lo que hoy sucede.

¿Sigue el CNE el mandato del pueblo? No lo creemos. Aún hay tiempo de rectificar.

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