viernes, 16 de junio de 2017

“Una fiscal polémica”

David Uzcátegui
@DavidUzcategui

Lo que está sucediendo en Venezuela es francamente telúrico. Cada vez son más lapidarias las evidencias de que el actual gobierno no atina al camino del bienestar de los venezolanos y, muy por el contrario, parece muy eficaz en coleccionar calamidades para la gente.

No asombra por ello, que las voces que señalan esta incuestionable realidad se multipliquen, sumando incluso unas cuantas que hasta ahora los acompañaban o se mantenían en la discreción, lo cual –para nosotros- es una muestra de que la ciudadanía avanza por el camino correcto en el tenaz reclamo de sus derechos.

Una de esas voces que ha sorprendido en los últimos días es la de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Su actuación de tono técnico e institucional ante la acción de los cuerpos de seguridad, ha sido seguida por la opinión pública con marcado interés.

Todo comenzó con una esperada e inesperada rueda de prensa ofrecida el pasado 24 de mayo, en la cual la funcionaria detalló una serie de casos de excesos en la fuerza pública durante las más recientes demostraciones de calle, escenificadas en varios centros urbanos del país desde el día 6 de abril.

Y en el marco de este evento, las posiciones respecto a la actuación del Ministerio Público se modificaron, ya que las declaraciones de su cabeza sentaron un precedente, en medio de la crisis actual de nuestra nación.

“No es momento para instrumentalizar las muertes. Hago un llamado a todos los grupos políticos para que dejen de hacer hipótesis que se divulgan como rumores, que solo generan más zozobra”, fue una de las frases más impactantes del encuentro. Con ella, queda claro que la institución estaba cumpliendo su rol tan necesario de equilibrio en medio de la vorágine. Algo que deseábamos todos los venezolanos.

Posteriormente ofreció un balance de los 54 días de protestas que iban hasta ese día 24 de mayo. Precisó que el Ministerio Público contabilizaba 55 fallecidos, 52 de los cuales son civiles y 3 funcionarios policiales o militares; 1.000 lesionados, 771 de los cuales son civiles y 229 funcionarios. Adicionalmente, detalló que había 346 bienes inmuebles públicos o privados quemados o saqueados.

Mención aparte merece la discrepancia entre la funcionaria y el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, respecto a la causa de la muerte del joven Juan Pernalete. La divergencia entre dos poderes es algo normal en todas las democracias del mundo; pero en Venezuela aparece como una noticia, porque no es lo usual. Sin embargo, no hay que hilar muy fino para ver que eso es un avance y una situación no solamente necesaria, sino bienvenida, en medio de la complicada fase de nuestra historia que hoy atravesamos.

Por si fuera poco, Ortega presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la convocatoria de Maduro de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y reformar el Estado.

Al igual que quienes adversan al gobierno, critica que no haya un referendo previo para consultar si la población la desea o no. También critica las bases de elección, que será territorial y sectorial, sistema igualmente censurado por la oposición.

Se trata de otro matiz entre las voces que se alzan para mostrar su desacuerdo con el rumbo que lleva el país, y eso es sumamente valioso. Quienes clamas por una rectificación del rumbo, son cada vez más variopintos, lo cual reafirma la legitimidad de los reclamos.

Y es que tenemos una vez más que reconocer nuestros logros como una colectividad que lucha por derechos irrenunciables. La lista de personajes públicos y de funcionarios de rango que se apegan a lo que dice la ley y el derecho, sigue creciendo.

Desde las declaraciones del ministro de la defensa Vladimir Padrino López –quien condenó los excesos de la fuerza pública- hasta los pronunciamientos y las acciones de Luisa Ortega Díaz, podemos ver cómo desde abajo, desde la masa, desde el pueblo, se está presionando a quienes tienen responsabilidades dentro del poder a tomar posición. Y eso es ganancia. Porque las posiciones son a favor de los más desamparados e indefensos en este duro pulso que se libra en el país.

También –y ya lo sabemos- se alzan cada vez más voces disidentes dentro del oficialismo, contra una Asamblea Nacional Constituyente que no cumple los supuestos que están especificados en la misma Carta Magna a la cual pretenden derogar. Porque es eso lo que se quiere, aunque se disfrace con palabras suaves y se utilice el truco de los “caramelos de cianuro”, como se ha dicho en ocasiones anteriores.

Hay quienes afirman que toda voz de disidencia es bienvenida, y estamos de acuerdo, pero, más allá de eso, la acción institucional de un poder, es una ganancia de un valor incalculable en el momento actual.

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