David Uzcátegui
@DavidUzcategui
Uno de los asuntos más delicados
y sensibles que se ha puesto en la palestra pública en las últimas semanas es
la actuación de los organismos del orden público frente a los ciudadanos que
salen a expresar su modo de pensar.
Las versiones sobre lo que sucede,
son variadas e incluso, radicalmente opuestas.
Quizá el más contundente episodio
sobre este tema en los últimos días, tuvo que ver con el hecho de que el ex
comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Antonio
Benavides Torres rechazara el pasado lunes el uso de armas de fuego en el
restablecimiento del orden público, ya que está prohibido su uso por la norma
venezolana.
La afirmación la hizo
escribiéndola a través de su cuenta de la red social Twitter. Como ya es
conocido de la opinión pública, el funcionario fue removido de su cargo pocas
horas después y se anunció un nuevo destino para él dentro de la estructura
gubernamental.
Antes de ser separado de sus
funciones, había asegurado que la unidad que dirige tiene estrictas
instrucciones de mantenerse apegado a la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela para preservar el control del orden público.
Estos comentarios fueron
realizados tras el fallecimiento de un adolescente la tarde de ese mismo día,
presuntamente por el uso de arma de fuego por parte de las Fuerzas Armadas,
hecho en el que cinco personas habrían resultado heridas.
Benavides Torres informó la
detención de los efectivos que presuntamente están involucrados en la
irregularidad, a la vez que hizo un llamado para detener la violencia en las
manifestaciones públicas.
Sin embargo, el viceministro de
Comunicación internacional William Castillo, negó el pasado martes 20 a la
televisora basada en Estados Unidos, TV Venezuela, todas estas acusaciones.
"la GNB no está utilizando armas para atacar a las manifestaciones",
dijo desde México, con motivo de la reunión de la Organización de Estados
Americanos.
Esto reedita la polémica posición
de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha hecho un
reiterado recuento de los presuntos excesos de las autoridades en las recientes
demostraciones de los últimos meses.
Según el sitio web de BBC Mundo,
la titular del Ministerio Público declaró, sobre el fallecimiento del joven
Juan Pernalete, que "De acuerdo con nuestra investigación la muerte del
estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de
tórax. Él fue impactado por un objeto como éste(…) esto es una bomba
lacrimógena", en encuentro con los medios de comunicación sostenido el
pasado miércoles 24 de mayo.
La funcionaria agregó que el
objeto había sido disparado por la Guardia Nacional, pero que aún no se había
individualizado al responsable.
Y a ello se agregan aquellas
declaraciones del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López –que
citáramos no hace mucho en este espacio-, quien dijera en un acto transmitido
por la televisora estatal Venezolana de Televisión: "No quiero ver un
guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle".
El escenario pues, está servido
para abrir la discusión la respecto, ya que, incluso desde figuras vinculadas
al oficialismo, han surgido señalamientos y condenas al accionar de las fuerzas
públicas en las pasadas semanas.
Estamos en pleno siglo XXI y
ciertamente, existen estrictas normativas de carácter internacional que son de
obligatorio cumplimiento por las fuerzas del orden público destinadas a cuidar
las demostraciones ciudadanas.
Pero más allá de ello, hay
estricta normativa emanada en nuestra propia tierra, específicamente en la
Constitución Nacional, que también pone límites inequívocos a las potestades de
estos organismos.
La espesa sombra de las
actuaciones inadecuadas y excesivas, lo que hace es agregar más calor a esta
olla de presión que hoy es Venezuela, y generar un rechazo aún mayor a una
serie de políticas equivocadas que conducen al país por un rumbo torcido;
agregándose ahora el ingrediente de poner en riesgo la integridad de las
personas que tiene derecho a expresar su desacuerdo con los numerosos desatinos
oficialistas en la conducción del país.
Bien harían quienes hoy conducen
al país, en investigar seriamente los mencionados excesos y en castigarlos con
todo el peso de la ley. El hecho de que funcionarios se pronuncien de modo
individual frente a lo que ya la opinión pública conoce, lo que hace es
reiterar la terquedad gubernamental en cuanto a no querer ver el espeso bosque
que tiene frente a sí.
Los reconocimientos a cuentagotas
de la delicada situación no son lo más deseable; pero también suman, ya que no
se puede seguir tapando el sol con un dedo. La desnudez del Emperador también
es evidente en este sentido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario