David Uzcátegui
@DavidUzcategui
Ante el clamor ciudadano por
atajar de alguna manera la delincuencia que azota a Venezuela y que ha
convertido en rehenes a los ciudadanos, el gobierno nacional ha emprendido la
llamada Operación de Liberación del Pueblo. Una iniciativa que responde a una
incuestionable necesidad; pero que también es altamente polémica.
Tras varios episodios de este nuevo plan contra la delincuencia, la iniciativa ha recibido muy serias observaciones por parte de voceros que tienen peso en la opinión pública.
Tras lo visto en estas semanas, los operativos de las OLP parecen estar cargados con una agresividad inusitada y sin organismos que hagan contrapeso en la vigilancia de los derechos humanos en su implementación.
Se han registrado cantidades inquietantes de fallecidos en las mismas y las circunstancias de estos decesos no están claras, por lo cual queda en el aire la inquietud –justificada- de excesos de fuerza por parte de los organismos encargados de ejecutarlas.
Los pobladores de las llamadas zonas de paz, que han sido “peinadas” con las OLP son quizá los más afectados, al quedar en el medio de un fuego cruzado entre las autoridades y las bandas, hecho que pone en grave riesgo a civiles inocentes.
Organizaciones No Gubernamentales observadoras de los derechos humanos, como Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) han pedido al gobierno detener la OLP, y sustituirla por un plan de seguridad que supere "la visión autoritaria y militarista".
La organización se basa en información de las mismas autoridades, en las cuales se señala que en 23 operaciones 4.021 ciudadanos fueron aprehendidos en el primer mes, pero sólo 368 han sido puestos a la orden del Ministerio Público; con lo cual apenas en el 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos.
Igualmente es preocupante el alto número de fallecidos en presuntos enfrentamientos, ya que todo sucede de manera tan violenta y rápida, que es difícil separar el grano de la paja en esas muertes y es válida la inquietud respecto a la posibilidad de muerte de inocentes o en todo caso, que la figura del enfrentamiento sea manejada con ligereza.
Otro matiz delicado de lo que actualmente sucede es el modo como se conducen los allanamientos, tomando en cuenta la inviolabilidad del hogar y el hecho de que solamente se pueda hacer ante un delito infraganti o con una orden adecuada, expedida por las autoridades competentes.
También señala la organización que se estigmatiza a sectores de la población. Sería este el caso de las edificaciones de la Misión Vivienda, en las cuales se han practicado varias veces estos operativos y se les coloca ante la opinión pública como refugio de antisociales, hecho que señala a todos sus habitantes.
Paralelamente, el Sindicato nacional de Trabajadores de la Prensa también ha señalado hostilidad hacia los medios de comunicación que cubren dichos operativos, como sucediera recientemente con los equipos de Venevisión y Notitarde en una OLP en la ciudad de Valencia.
Es cierto que el delito está desbocado, pero desde esta tribuna muchas veces hemos hecho llamados a trabajar tan urgente asunto con los especialistas en la materia –que los tenemos, bastantes y buenos- así como con apego a los derechos humanos, a lo preventivo, al redimensionamiento de todo el sistema de justicia, la correcta formación de los funcionarios y en definitiva, al ajuste de todo un complejo universo que permita sanar el que quizá es el peor problema que enfrentamos los venezolanos, con un enfoque digno del siglo XXI y no con excesos que puedan llevarse por delante a inocentes y terminar sembrando mayor violencia.
La agresividad flota en el ambiente en nuestro país. Es una dura tarea, que sin duda será larga, el contenerla y revertir sus efectos. Nos toca a todos; pero muy especialmente a las autoridades. Sabemos que no es una petición sencilla de concretarse: atajar la violencia con el mínimo de la misma. Y más aún cuando está en niveles epidémicos. Pero es por ello que las autoridades deben hilar sumamente fino. Tienen una tarea extremadamente difícil y delicada en sus manos.
Organismos como la Defensoría del Pueblo deberían pronunciarse ante esta iniciativa y ponerle coordenadas que garanticen los DDHH en medio de una situación tan compleja.
Nadie duda que las acciones para contener la delincuencia sean necesarias. Y desde aquí hemos apostado al éxito de las mismas. Pero también es necesaria la continuidad, por lo cual lamentamos que se hayan visto más de 20 operativos en los años de la llamada revolución. Quizá uno solo de mayor aliento y ambición, hubiera impedido que llegáramos a extremos donde la violencia amenaza con desbordarse a cada instante.
Tras varios episodios de este nuevo plan contra la delincuencia, la iniciativa ha recibido muy serias observaciones por parte de voceros que tienen peso en la opinión pública.
Tras lo visto en estas semanas, los operativos de las OLP parecen estar cargados con una agresividad inusitada y sin organismos que hagan contrapeso en la vigilancia de los derechos humanos en su implementación.
Se han registrado cantidades inquietantes de fallecidos en las mismas y las circunstancias de estos decesos no están claras, por lo cual queda en el aire la inquietud –justificada- de excesos de fuerza por parte de los organismos encargados de ejecutarlas.
Los pobladores de las llamadas zonas de paz, que han sido “peinadas” con las OLP son quizá los más afectados, al quedar en el medio de un fuego cruzado entre las autoridades y las bandas, hecho que pone en grave riesgo a civiles inocentes.
Organizaciones No Gubernamentales observadoras de los derechos humanos, como Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) han pedido al gobierno detener la OLP, y sustituirla por un plan de seguridad que supere "la visión autoritaria y militarista".
La organización se basa en información de las mismas autoridades, en las cuales se señala que en 23 operaciones 4.021 ciudadanos fueron aprehendidos en el primer mes, pero sólo 368 han sido puestos a la orden del Ministerio Público; con lo cual apenas en el 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos.
Igualmente es preocupante el alto número de fallecidos en presuntos enfrentamientos, ya que todo sucede de manera tan violenta y rápida, que es difícil separar el grano de la paja en esas muertes y es válida la inquietud respecto a la posibilidad de muerte de inocentes o en todo caso, que la figura del enfrentamiento sea manejada con ligereza.
Otro matiz delicado de lo que actualmente sucede es el modo como se conducen los allanamientos, tomando en cuenta la inviolabilidad del hogar y el hecho de que solamente se pueda hacer ante un delito infraganti o con una orden adecuada, expedida por las autoridades competentes.
También señala la organización que se estigmatiza a sectores de la población. Sería este el caso de las edificaciones de la Misión Vivienda, en las cuales se han practicado varias veces estos operativos y se les coloca ante la opinión pública como refugio de antisociales, hecho que señala a todos sus habitantes.
Paralelamente, el Sindicato nacional de Trabajadores de la Prensa también ha señalado hostilidad hacia los medios de comunicación que cubren dichos operativos, como sucediera recientemente con los equipos de Venevisión y Notitarde en una OLP en la ciudad de Valencia.
Es cierto que el delito está desbocado, pero desde esta tribuna muchas veces hemos hecho llamados a trabajar tan urgente asunto con los especialistas en la materia –que los tenemos, bastantes y buenos- así como con apego a los derechos humanos, a lo preventivo, al redimensionamiento de todo el sistema de justicia, la correcta formación de los funcionarios y en definitiva, al ajuste de todo un complejo universo que permita sanar el que quizá es el peor problema que enfrentamos los venezolanos, con un enfoque digno del siglo XXI y no con excesos que puedan llevarse por delante a inocentes y terminar sembrando mayor violencia.
La agresividad flota en el ambiente en nuestro país. Es una dura tarea, que sin duda será larga, el contenerla y revertir sus efectos. Nos toca a todos; pero muy especialmente a las autoridades. Sabemos que no es una petición sencilla de concretarse: atajar la violencia con el mínimo de la misma. Y más aún cuando está en niveles epidémicos. Pero es por ello que las autoridades deben hilar sumamente fino. Tienen una tarea extremadamente difícil y delicada en sus manos.
Organismos como la Defensoría del Pueblo deberían pronunciarse ante esta iniciativa y ponerle coordenadas que garanticen los DDHH en medio de una situación tan compleja.
Nadie duda que las acciones para contener la delincuencia sean necesarias. Y desde aquí hemos apostado al éxito de las mismas. Pero también es necesaria la continuidad, por lo cual lamentamos que se hayan visto más de 20 operativos en los años de la llamada revolución. Quizá uno solo de mayor aliento y ambición, hubiera impedido que llegáramos a extremos donde la violencia amenaza con desbordarse a cada instante.
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