“Policías asesinados”

Por David Uzcátegui

Secretario Nacional de Asuntos Municipales Primero Justicia

@DavidUzcategui

El reiterado asesinato de policías que viene ocurriendo de un tiempo a esta parte en nuestro país y que aumenta exponencialmente y en cantidades inquietantes, es un tema de opinión pública nacional que ha trascendido fronteras.

La cifra de funcionarios asesinados ya toca los cincuenta en lo que va de este año 2015 y entre los motivos fútiles que mueven tan condenable acciones están el robo de sus armas de reglamento y el prestigio que gana en su entorno un delincuente al asesinar a un policía. Ambos móviles nos hablan de situaciones que deben alertar a la sociedad, ante una descomposición de valores que debe ser atajada y revertida a la brevedad, por el bien de todos los venezolanos.

A ello se agrega que también aumentan las casos de muerte de uniformados en procedimientos, así como las sucedidas por robos comunes, sumando a los riesgos inherentes de su profesión, los nuevos móviles anteriormente señalados.

Estamos ante una de esas situaciones que debe convocar al país entero, sin distinción de color político alguno, ya que los infortunados occisos pertenecen a los más diversos cuerpos de seguridad, adscritos a cuerpos que pertenecen a gobernaciones, alcaldías y al gobierno central. Con la muerte no cabe hacer distinciones de matices políticos, y en un caso como el que nos ocupa, mucho menos.

En uno de los casos más recientes, el de la funcionaria de Polisucre Osmary Tavare, de 27 años, la situación adquirió matices macabros al ser grabada su muerte por una cámara, con lo cual se conmovió a la colectividad, ya que el video pudo ser conocido y visto a través de la web.

Previamente, fue asesinado un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana con una granada fragmentaria. Al modo cruento en el cual fue cometido el homicidio se agregó el hecho de que se perpetrara con un arma de guerra, lo cual lleva la situación a niveles dramáticos.

Y ya en los primeros días de enero, se conoció del asesinato de Álvaro Blanco Escobar, supervisor agregado de la Policía de Miranda, cuyo homicidio también fue captado por una cámara y difundido posteriormente, conmoviendo a quienes lo visualizaron.

El año pasado fueron asesinados 132 policías en Caracas y 150 en todo el país, según cifras oficiales. En promedio, ha sido un policía cada tres días y medio en los últimos tres años. Y La cifra de 2014 aumentó en un 32% respecto a 2013. Las cifras también muestran que el cuerpo que ha perdido mayor cantidad de oficiales ha sido la Policía Nacional Bolivariana. Y según el canal de noticias NTN 24, al 57% de los efectivos los asesinaron para quitarles su arma de reglamento.

Lamentablemente las proyecciones amenazan con superar estas estadísticas para el año en curso, por lo cual toda la sociedad venezolana debería movilizarse como un solo hombre en solidaridad con nuestros uniformados.

El llamado a hacer algo respecto a tan lamentable situación parte de los mismos cuerpos policiales y de los familiares de los asesinados, quienes han dejado viudas, huérfanos, hogares incompletos y parientes adoloridos.

Por su parte, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González López, aseguró tener pruebas de que el reiterado asesinato de policías forma parte de un plan desestabilizador, emitiéndose así una posición desde el gobierno central respecto a este caso que ha sensibilizado a la ciudadanía.

El diputado Eduardo Piñate reiteró las aseveraciones de González López, mientras los medios de comunicación reprodujeron las declaraciones de Freddy Bernal, Presidente de la Comisión Presidencial para el Sistema Policial, quien aseguró que “Cuando se asesina a un policía, se pisotea la Constitución” y agregó que estos condenables crímenes buscan desmoralizar a los cuerpos de seguridad. Cabe la observación de que hay que poner la lupa sobre las declaraciones de Bernal, quien fuera policía y por ello está inclinado a poner especial atención a tan doloroso asunto.  

En todo caso, y sin calificar los hechos de manera alguna que pueda esperar polémicas partidistas, lo importante es accionar desde el gobierno central para detener estos hechos que condena el país entero, y por supuesto contar con todos los organismos de seguridad afectados y con el consenso de la gente, que ha sido víctima desde cualquier orilla política.

Desde esta tribuna hemos abogado reiteradamente por el Plan Desarme, loable iniciativa gubernamental con la cual nadie puede estar en desacuerdo y que muy por el contrario, hemos solicitado afinar y agilizar, con el fin de salvar vidas y ahorrar sangre y dolor a nuestra ciudadanía. Esta propuesta ha arrojado resultados en lo cualitativo; pero en lo cuantitativo debe ser más efectiva, reproduciendo lo realizado para alcanzar resultados y aprendiendo de propuestas similares en otras naciones.

Que estos condenables episodios de asesinatos de servidores públicos sirvan para recalcar la urgencia que debería movilizar a todos los venezolanos al respecto.