La
reciente detención por presunta corrupción de seis funcionarios de CITGO, la
Filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, abre una discusión sobre lo
que puede estar sucediendo en la empresa más importante del país, prácticamente
nuestra única fuente de ingresos como nación.
Más
allá de lo que puedan arrojar estas investigaciones a los implicados, cabe
tomar el momento como el adecuado para hacer un llamado a tomarnos muy pero muy
en serio a esta empresa, que, dado lo medular que es para nuestra supervivencia,
debe ser administrada rigurosamente y con criterios de la más absoluta
excelencia, con el fin de poder confiar en ella como pilar fundamental de la
economía nacional.
Según
la versión oficial, los funcionarios señalados habrían renegociado las deudas
de CITGO en condiciones adversas a los intereses nacionales, colocando sus
activos en Estados Unidos como garantía. Adicionalmente, la versión oficial ha
dado a conocer que el intermediario de la negociación obtuvo un beneficio del
cinco por ciento del monto refinanciado, también en detrimento del patrimonio
venezolano.
Este
es una situación que apenas se inicia y por lo mismo, falta mucho por saber al
respecto. Sin embargo, tomando lo poco que sabemos como una hipótesis, cabe
preguntarse cuántos desatinos administrativos se estarán cometiendo puertas
adentro de lo que muchos han dado en llamar “La gallina de los huevos de oro”
de Venezuela y eso es también extrapolable a toda la administración pública, en
momentos en los que la economía nacional está atravesando por una etapa
extremadamente delicada.
Este
caso sale a la luz pública en medio de una anunciada cruzada anticorrupción que
ya ha implicado a unos cincuenta funcionarios al momento de escribir estas
líneas.
No
queda más que otorgar el beneficio de la duda a esta iniciativa, ya que, visto
el avasallante poder que ha ostentado el oficialismo en estos años, no hay otra
manera de atajar estos males y otros tantos, que no sea una rigurosa auto
revisión y acciones que vengan desde el mismo seno gubernamental.
Sin
embargo, es lamentable –en medio de esta situación- el enfrentamiento entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo que ha marcado la vida pública nacional es que,
en diciembre de 2015, la Asamblea Nacional fuera ganada por una clara mayoría
no afecta al oficialismo, lo cual sería lo deseable en cualquier lugar del
mundo, para hacer real el equilibrio de poderes ideal que es la base de la
verdadera democracia.
Y
decimos esto, porque se trata de una instancia contralora por excelencia, cuyo deber
está enfocado justamente en meter la lupa a este tipo de situaciones.
Justamente,
a raíz de toda esta situación, el parlamento aprobó un acuerdo en el que le
pide al gobierno nacional un plan de gestión para atender la situación de la
industria petrolera en el país, que incluye también que se plantee la forma en
la que se gestionará la deuda externa de Pdvsa, detonante del caso que nos
ocupa.
El
Legislativo también solicita al gobierno nacional información sobre la
administración de la petrolera y sus filiales, debido a que hay incertidumbre
sobre el manejo de la compañía, demostrado por estas mismas informaciones
ocultas que salen hoy a la luz.
El Parlamento
quiere revisar también los controles sobre la actividad petrolera y que se le
informe sobre la cantidad de bienes que posee la empresa, según el acuerdo
emanado de esta reciente sesión.
Al
parecer, e insólitamente, hay en este caso coincidencias de puntos de vista
entre la AN y la Fiscalía General de la República, cosa que es toda una novedad
en medio de los virulentos enfrentamientos entre poderes que han caracterizado
a nuestra patria en los últimos quince años.
Si
no nos viéramos como enemigos, más allá de los puntos de vista radicalmente
opuestos sobre cómo llevar a buen puerto a la maltrecha Venezuela de la segunda
década del siglo XXI, podría existir entre ambos poderes una coordinación y una
colaboración que tuviera como fin último el bienestar de todos.
Y
esto es un llamado para que tan importante instancia vuelva a ocupar su lugar
en la estructura de poder nacional, lo cual no puede sino beneficiarnos a
todos.
Una
situación tan delicada, requiere de pluralidad para ser manejada, en principio
porque todos los venezolanos merecemos por derecho tener representantes que nos
rindan cuentas de estos casos, visto que todos, por el simple hecho de ser
venezolanos, somos accionistas de PDVSA, así como de toda la administración
pública nacional.
Quizá
este sea el momento y la circunstancia, no solamente para sanear la
administración pública nacional, sino también para ordenarla y para entregar
cuentas de su manejo a todos los venezolanos.
David Uzcátegui
Twitter:
@DavidUzcategui
Instagram: @DUzcategui
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