David Uzcátegui
@DavidUzcategui
Desde hace mucho tiempo viene
creciendo en el inconsciente colectivo venezolano la idea de que esta ley es la
llave para abrir las puertas a una mayor pacificación del país, en medio de la
tensa situación en la que vivimos los venezolanos, y que se prolonga mucho más
allá de lo imaginable.
Las voces de protesta desde
factores opuestos al gobierno se han alzado pacíficamente y con la razón por
delante, al asistir al lamentable espectáculo de un grupo de venezolanos apresados
por estar en la acera política contraria, por haber salido a protestar, por
haberse visto involucrados en hechos de violencia no suficientemente aclarados
y por no haber sido beneficiarios –como lo garantizan nuestras leyes- de un
proceso imparcial y justo.
El desequilibrio de la justicia
recalienta la indignación y la impotencia del venezolano. Mientras en la
cotidianidad asistimos al delito como parte de nuestra vida diaria; por otro
lado padecemos por el hecho de la reclusión en condiciones por demás
inadecuadas de personas perseguidas por sus ideas, mientras otros decidieron
abandonar el país al sentirse víctimas de una persecución injustificada y donde
llevan todas las de perder.
El movimiento que ha crecido
alrededor de esta iniciativa, incorpora los más diversos matices de la sociedad
venezolana, al tratarse de la punta del iceberg de la compleja situación país
que nos está tocando vivir en estos tiempos.
El mencionado Proyecto de Ley fue
sometido a consulta pública, habiéndose incorporado en dicha consulta a las ONG en materia de derechos
humanos, organizaciones de personas víctimas de la violencia en todas sus
formas, organizaciones públicas y privadas, sectores interesados y a la
colectividad en general.
Por su parte, el presidente de la
República, Nicolás Maduro, afirmó que no aceptará la ley de Amnistía, y alegó
que “Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales,
narcotraficantes y terroristas, la verdad, tengan la seguridad que esa ley por
aquí no pasa caballero, que lo sepa la derecha nacional e internacional, leyes
para amparar terroristas y criminales no pasarán, por aquí no pasan, hagan lo
que hagan", según nota de la página web del canal oficialista Telesur.
Las afirmaciones del Primer
Magistrado nacional tienen unos cuantos matices extremadamente delicados. En
primer lugar, porque está usurpando funciones del poder Judicial y se abroga la
potestad de juzgar y condenar a ciudadanos venezolanos, muchos de los cuales ni
siquiera han tenido el derecho de un juicio justo y menos de una sentencia.
Adicionalmente, somete al
escarnio público a personas sobre quienes puede y debe pesar aún la presunción
de inocencia que en toda sociedad civilizada se estila antes del comienzo de
los juicios que se han retrasado indebidamente.
Por si fuera poco, desde el
Ejecutivo nacional se fractura una vez más la convivencia con el poder
Legislativo, otro episodio más de un hábito de conducta que se ha instaurado
desde que el Parlamento nacional selló su independencia en diciembre pasado; ya
que en el período anterior era evidente la coordinación entre ambos poderes,
desdiciendo así la razón de ser de la Asamblea Nacional.
Se debe recordar una vez más –y
cuantas veces sea necesario- el carácter legítimo de la representación popular
que los diputados ostentan, tras haber llegado a esa posición por el voto,
ampliamente favorecedor de una opción alternativa a quienes hoy ocupan el
Ejecutivo.
Desconocer esta autoridad y esta
representación es desconocer también los usos democráticos y abrir una nueva
herida que a nadie conviene y que generará profundos daños a los ya múltiples y
difíciles de reparar que hemos ido coleccionando en los últimos años.
En este sentido, desde el
oficialismo harían bien en escuchar afirmaciones como las del exministro del
Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien aseguró recientemente
que Venezuela está en una etapa donde necesita perdonar porque debe acabarse el
resentimiento entre la oposición y el gobierno.
Citó como ejemplo de diálogo a
Cuba quien recientemente sostuvo encuentros con Estados Unidos y a Colombia
quien ha llegado a acuerdos de paz con Las FARC, agregando: “Entonces ¿cómo es
que nosotros no podemos pasar la página de odio y sentarnos a buscar
soluciones?”.
Nos falta esa respuesta. ¿Por qué
enemigos de muchos más años y con mucha más sangre de por medio han logrado
sentarse a dialogar y los dos grupos mayoritarios de este país no pueden
hacerlo? La polémica ley de Amnistía está sirviendo la oportunidad en bandeja
de plata.
