David Uzcátegui
@DavidUzcategui
Recordemos que, en la segunda
mitad de los años 90, el discurso del hoy fallecido ex presidente Hugo Chávez
para llegar hasta la Presidencia de la República, incluía en su paquete al
referendo revocatorio, como una manera de poner fin a gobiernos que marcharan a
contrapelo de los intereses nacionales.
La novedosa propuesta fue una de
las tantas acogidas por el electorado de aquellos tiempos, ya que el mismo
candidato aseguraba que se acogería a tal mecanismo si defraudaba las
expectativas populares.
Hoy, cuando sentimos que a la
actual administración se le agotó su tiempo de errar y evidentemente no quiere
rectificar, la opción del referendo revocatorio ha sido masivamente aplaudida
como propuesta para cambiar a quienes no tienen voluntad de corregir ni de
reconocer sus numerosos errores.
Sin embargo, en uno de esos
retruécanos sorprendentes que cotidianamente presenciamos los venezolanos, el
Consejo Nacional Electoral “oficia” a la Asamblea Nacional, reservándose para
sí la facultad de legislar en cuanto a referendos revocatorios, justamente
cuando amplios sectores de la población nacional han comenzado a movilizarse
para la consecución de las firmas necesarias.
La sorprendente e inesperada
acción del CNE tiene varias aristas. En primer lugar, se erige por encima de
los ciudadanos, los mismos a quienes el gobierno llama “el soberano” solamente
cuando le conviene. Y es que esa misma ciudadanía, aparte de su poder
originario, está protegida bajo la Constitución Nacional en cuanto a su
facultad de solicitar convocatoria a un referendo mediante la recolección de
firmas.
Por si fuera poco, también invade
las facultades del Legislativo, buscando desplazarlo en las funciones que le
son naturales, y creando un estéril conflicto de poderes –otro más-, cuando lo
que necesita el país es que todos rememos urgentemente en la misma dirección.
Recordemos que el Artículo 187 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela enuncia, en el numeral
1: “Corresponde a la Asamblea Nacional: Legislar en las materias de la competencia
nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”.
Todo esto ha sido una reacción al
hecho de que la Asamblea Nacional aprobara en marzo pasado y en primera discusión, el proyecto de Ley
Orgánica de Referendos para reglamentar dichos procesos. De allí se origina la
reciente comunicación de la presidente del árbitro, Tibisay Lucena, al jefe del
legislativo, Henry Ramos, donde se asegura que el asunto “se encuentra siendo
tramitado fuera del marco constitucional”.
Si a la Constitución vamos, su
Artículo 72 establece que “Todos los cargos y magistraturas de elección popular
son revocables.” Y agrega que: “Transcurrida la mitad del período para el cual
fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por
ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente
circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su
mandato.” Recordemos, adicionalmente, que nada puede estar por encima de la
Carta Magna.
En paralelo, no se debe olvidar
que la Mesa de la Unidad Democrática ya posee una maquinaria activa y bien
engrasada que llevó a esta coalición a la victoria en las elecciones
parlamentarias del pasado 6 de diciembre, y que está lista para servir como
correa transmisora de la expresión de la gente ante los poderes constituidos y
así materializar este instrumento para derrotar la crisis que hoy agobia al
país. Todo ello en el marco del artículo constitucional previamente citado.
En función de ello, la
legislación que en estos momentos ocupa a nuestro Parlamento –y que al borde de
su aprobación para cuando se publique esta nota- tiene que ver con agilizar el
ejercicio de un derecho constitucional y por ello es inadmisible cualquier
intento de complicar o entorpecer dicho ejercicio ciudadano. Muy por el
contrario, los poderes de manera concertada y armoniosa, deberían sacar
adelante todo lo necesario para apoyar este nuevo acto de expresión del mandato
de la gente.
Por ejemplo y en este sentido,
toca al CNE emitir la planilla oficial de recolección de firmas para la
solicitud del refrendo revocatorio presidencial, y deben hacerlo en un tiempo
perentorio. Empeñarse en cualquier tarea distinta a esta, es intentar buscarle
sin éxito la quinta pata al gato, ya que todos los caminos conducen a Roma y lo
que queda es ocuparse de facilitarle a los venezolanos la expresión de su
voluntad amparada por la Constitución Nacional.
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