David Uzcátegui
@DavidUzcategui
La discusión prioritaria entre
las fuerzas democráticas que hoy ostentan la mayoría en la Asamblea Nacional,
es en este momento, ubicar el mecanismo constitucional para lograr el cambio de
gobierno.
Sí, así, con todas sus letras. No
se trata de un despropósito, ni mucho menos de una blasfemia. Porque la
alternabilidad en el poder es uno de los elementos de la democracia.
Adicionalmente, el poder no pertenece a parcialidad alguna y quien lo ejerce está
sujeto al escrutinio del pueblo, a quien debe rendir cuentas y quien tiene la
facultad de relevarlo de sus funciones.
Lamentablemente para todos, el
trieno madurista está plagado de una cantidad de signos y síntomas que nos
dicen que la conducción del país requiere un urgente cambio de rumbo.
Adicionalmente, no renuncia a su
estilo pendenciero y de confrontación, retando e insultando permanentemente con
su acostumbrado vocabulario belicista al nuevo parlamento, recientemente
elegido por la mayoría de los venezolanos y con el cual convendría trabajar
conjuntamente en lugar de intentar ponerlo contra la pared a la fuerza.
Finalmente, su insistencia en
achacar el caos que padecemos a factores externos como El Niño, la iguana, la
guerra económica y la caída de los precios petroleros, es una confesión de que
perdió el control y de que no encuentra la manera de retornar a un rumbo
productivo y de paz.
Estamos en un urgente momento que
demanda acuerdos y trabajo conjunto; pero el Ejecutivo nacional, atrincherado
en su soberbia, no parece percibirlo. El gobierno en definitiva, no tiene la
menor intención de cambiar.
Por ello, los venezolanos estamos
decididos a hacer uso de nuestro derecho a empuñar la Constitución Nacional
para revisar cuáles son las alternativas que su letra nos ofrece para dejar en
el pasado esta etapa adversa y oscura de nuestra historia y abrir la puerta a
cambios que más que urgentes, son literalmente de vida o muerte.
En las páginas de la Carta Magna
podemos encontrar el referéndum revocatorio, la enmienda o reforma
constitucional, el abandono del cargo y la Asamblea Constituyente como
opciones, todas válidas, para poner fin al actual mandato del Ejecutivo y poder
hacerle el tan urgente “reseteo” a Venezuela.
El revocatorio puede ser
convocado por solicitud del 20% del electorado inscrito en el Consejo Nacional
Electoral o por requerimiento de la mayoría de los diputados de la AN. Se puede
activar a partir de la mitad del mandato, a la cual justamente estamos
llegando.
Mucha gente teme que, si son los
electores quienes solicitan la activación del refrendo, se active una nueva
“Lista Tascón”, aquel tristemente recordado instrumento que sirvió para
perseguir a quienes solicitaron el revocatorio de 2004.
También existen los precedentes
del retraso del CNE en la activación del referendo, lo cual llevaría a que, si
demora más de un año, el período sea terminado por el actual vicepresidente.
Tanto la reforma como la enmienda
constitucional, son mecanismos en manos de la mayoría de la Asamblea Nacional,
pero deben pasar por un referendo aprobatorio de los cambios, que se centrarían
en acortar el período presidencial. Habría que enfrentar en el camino, los
pareceres del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia.
La Constituyente puede ser activada
por las dos terceras partes de la Asamblea o el 15 por ciento de los inscritos
en el registro electoral. A diferencia del revocatorio, el proceso de
recolección de firmas no está regulado por el CNE.
El Presidente no podrá objetar la
nueva Constitución y los otros poderes públicos no podrán impedir las
decisiones de la Asamblea Constituyente. De hecho, la Constituyente asume el
poder supremo de la República por encima de los poderes existentes, que deben
poner sus cargos a disposición. Posteriormente, con una nueva Constitución, se
convocan a elecciones para renovar todos los cargos de elección popular.
Finalmente, la renuncia,
implicaría un acto de responsabilidad y desprendimiento voluntario del
mandatario actual, el cual solo depende de su propia voluntad y que,
evidentemente, no tiene intención de ejecutar. Mientras el abandono del cargo
podría justificarse bajo la impericia con la cual está siendo manejando el
país.
De todo este grupo de mecanismos
legítimos que son un derecho de los venezolanos, las fuerzas alternativas
democráticas escogerán el que consideren más idóneos, valiéndose de la representación
que la mayoría de los venezolanos le otorgamos.
Apoyar esta decisión hasta lograr
el cambio que tanto nos urge, es un acto de responsabilidad ciudadana,
apremiado por la necesaria urgencia de salvar al país de la peor crisis de su
historia.
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