David Uzcátegui
@DavidUzcategui
Tras varias semanas de forcejeo,
el Tribunal Supremo de Justicia decidió pronunciarse a favor de la entrada en
vigencia del Decreto de Emergencia Económica emitido por el Poder Ejecutivo
central, el cual había sido rechazado por la Asamblea Nacional previamente.
Este hecho patenta en forma
dramática la escisión que sufre nuestro país, en momentos complejos que
deberían hallarnos más unidos que nunca.
El máximo órgano judicial se
excusó en tecnicismos para intervenir en esta situación. Tecnisismos que por
cierto son otro motivo más de debate entre revolucionarios y demócratas, ya que
su pertinencia o no en el caso actual, depende del cristal con el cual se mire:
rojo o multicolor.
En todo caso, este detalle
puntual es objeto de las consideraciones de especialistas en materia legal, ya
que es bastante complejo. Y definitivamente, nos interesa subrayar que no
vivimos una, sino dos emergencias económicas: la que ve el gobierno central y
rubrican sus partidarios, enfrentada a la que señala el Poder Legislativo y es
percibida en igual tono por quienes lo renovaron el pasado 6 de diciembre.
Y aquí el asunto no es el debate
estéril sobre quién tiene la razón, sino encontrar con urgencia las soluciones
definitivas que atajen las numerosas penurias que padecemos todos los
venezolanos como consecuencia de un pésimo manejo de la economía nacional.
Como acostumbramos afirmar, vamos
a ver el vaso medio lleno. La emergencia económica ya es reconocida desde las
dos aceras de la política nacional.
Esto es un gran comienzo. Ya
nadie puede cargar sobre sus hombros con el peso de una campaña que hable de
éxitos y victorias sin anclaje alguno en la realidad, cuando lo que vemos día a
día nos habla de penurias y escasez.
Este debería ser una base para el
diálogo y el entendimiento. Pero por esos insólitos retruécanos que nos
sorprenden a los venezolanos, resulta que el ya consensuado concepto de la
emergencia económica, aceptado por todos, ha derivado en dos lecturas opuestas.
Para el oficialismo, nunca se ha
construido el socialismo, en estos diecisiete años que tienen en el poder.
Ergo, la culpa no es de socialismo alguno porque eso no ha comenzado ni nunca
empezó.
Para el gobierno, hay que
modificar, perfeccionar y optimizar el control de cambio, ese embudo en el cual
se atasca toda la economía nacional por una ineficiente administración de las
divisas de todos los venezolanos.
Los más fieles a las doctrinas
rojas ni por error piensan que lo que hay que hacer es desmontar dicho control,
obsoleto y anacrónico, que opera en muy contados lugares en el mundo y que,
cuando se implementó en el pasado en nuestro país, tuvo rápidas fechas de
caducidad si lo comparamos con estos trece años que hemos debido padecerlo.
Mientras madres y trabajadores
padecen el viacrucis de recorrer abastos y supermercados como si fueran los
Siete Templos de Semana Santa, la administración central no sabe qué hacer con
esa papa caliente que ellos mismos crearon, que se les fue de las manos y que
se llama Cadivi o Simadi. Que, por cierto, se ha demostrado sobradamente que
los cambios de nombre no ayudan mucho si no se cambian las estructuras.
También asusta en el decreto que
nos ocupa, la posible discrecionalidad por parte del Ejecutivo en cuanto al uso
de bienes e infraestructuras de particulares para afrontar lo que ellos
consideran la emergencia.
Esto nos retrotrae a oscuros
pasajes ya superados de la autodenominada revolución, en los cuales se
produjeron las estériles expropiaciones sin compensar debidamente a los
afectados y para que medidas tan extremas no terminaran traduciéndose en mayor
bienestar para la gente; sino muy al contrario, en un deterioro del aparato
productivo que hoy sienten los venezolanos en sus despensas vacías.
Para las fuerzas democráticas que
hoy hacen vida en forma mayoritaria en el Parlamento, la emergencia económica
trata de otra cosa. No va de aferrarse tercamente a doctrinas caducas, a
postulados magníficamente redactados en libros cubiertos de polvo en algún
estante, sino de entender que, de no cambiar el rumbo, las cosas empeorarán
hasta la catástrofe.
El gobierno le tiene miedo al
tigre que ellos mismos mataron. Muy adentro de esa caja roja que administra el
país, saben que llevan el rumbo equivocado y, entrampados en sus propios
errores, no se atreven a rectificar.
Esto no es una buena noticia.
Vamos hacia el precipicio a alta velocidad y nos despeñaremos todos por él.
Quienes estén de acuerdo con esta monumental equivocación, y también quienes la
adversan.
Sin embargo, valga una
observación: la Asamblea Nacional salvó su responsabilidad política e histórica
al no refrendar lo que está por venir. Levantar la voz contra un decreto que no
traduce lo que está sucediendo, fue el último acto de sensatez.
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