Cuando vemos las intenciones de introducir a los integrantes de
nuestras FANB en las actividades políticas, defendiendo a un gobierno
profundamente débil, con la finalidad de arrastrar su institucionalidad,
revelan la gran descomposición e impunidad de este modelo fracasado que
encabeza Nicolás Maduro.
Cuando vemos a grupos paramilitares, administrando la violencia, bajo
la mirada cómplice de Nicolás Maduro, grupos que durante los últimos 15
años delinquen, atracan, violan, secuestran, intimidan, reprimen y
asesinan, a plena luz del día, a la vista de todos, reiteradamente,
utilizando armas que superan incluso a las empleadas por los organismos
de seguridad del Estado y con el consentimiento de un gobierno, cuyo rol
debería ser promover la justicia y la paz, es otra muestra de la
impunidad que hoy recorre todos los rincones de nuestra Venezuela.
Ya suman 28 venezolanos (hasta el día que escribí estas líneas) que
han fallecido durante las protestas de las últimas semanas y en las que
han actuado estos grupos paramilitares. Para nadie es un secreto que el
gobierno es el que los ha armado, institucionalizado y sembrado en los
sectores populares, como símbolo de la ideología de la mal llamada
revolución bonita, que de bonita no tiene nada, porque tiene al país
sumido en violencia e injusticias.
Lamentablemente nadie en nuestro país escapa del drama de la
violencia. Todo el mundo tiene un hermano, una tía, un primo, amigo,
vecino o conocido que ha sido víctima de la inseguridad.
Paradójicamente, en nuestro país un venezolano puede perder la vida
mientras protesta en contra de la impunidad. Otros han sido asesinados
simplemente por pensar diferente. También por 3 mil bolívares, por un
teléfono celular o por una moto.
Se
trata de una realidad que no cambiará mientras en nuestro país haya
impunidad. Sólo en lo que va de 2014 han asesinado a 2.841 venezolanos,
un promedio de 48 homicidios al día ocurren en nuestras calles. Tanto
estas muertes, en manos de la delincuencia, como los 28 venezolanos que
han caído mientras manifiestan su descontento, tienen que dolernos en el
alma a todos, porque son venezolanos, como tú y como yo.
Probablemente estas víctimas no tengan justicia. En Venezuela 92 de
cada 100 homicidios quedan sin resolverse. No hay castigo para quienes
han cometido un asesinato, solo el costo invalorable del enorme dolor de
una madre o un padre al que le mataron a uno de sus hijos. La vida es
lo más sagrado que tenemos y el gobierno tiene la responsabilidad de
garantizar este derecho fundamental, porque sin vida no hay nada.
Pero este gobierno ha demostrado, con sus acciones y declaraciones,
que no le importa la vida de los venezolanos. Vemos cómo en cadena
nacional se habla de diálogo y paz y a las pocas horas se hacen llamados
irresponsables que conllevan a una confrontación de pueblo contra
pueblo.
El miércoles vimos a través de un canal de noticias internacional,
porque en los medios nacionales hay mucha censura, como Jhonny Montoya,
hermano Juan Montoya, quien fue asesinado el 12 de febrero en
situaciones confusas en La Candelaria, decía, palabras más, palabras
menos, que la división en Venezuela debería ser entre venezolanos
honestos y venezolanos corruptos. No entre el pueblo oficialista y
quienes queremos justicia. Jhonny contaba cómo su familia ha tenido que
sortear la burocracia institucional para que puedan recibir el pago del
seguro de vida de su hermano. Nada más cierto que esa reflexión, porque
la impunidad salpica todo y a todos, nuestro pueblo no puede ser
indiferente.
Caso como el de la familia Montoya se repiten en todo el país.
Venezolanos que han tenido que emprender un verdadero vía crucis para
hacer valer sus derechos, después que fueron violentados con cárcel,
tortura y persecución por los organismos del Estado.
Aprovecho para resaltar la noble labor que muchos profesionales del
derecho están ejerciendo para defender a estos venezolanos que, en
muchos casos, no cuentan con los recursos para tener una defensa, por el
único “delito” de exigir soluciones a los miles de problemas que
tenemos en el país.
Los venezolanos saben que este gobierno está muy lejos de fomentar la
igualdad frente a la ley, por eso se sienten en estado de indefensión,
más aún cuando tenemos una Fiscalía y tribunales ocupados en perseguir a
quienes pensamos diferente, mientras la realidad que aqueja a nuestro
pueblo, sin importar cómo piense, es realmente alarmante. Ahí están los
casos de Leopoldo López y del comisario Iván Simonovis, quien hoy cumple
9 años y 113 días privado de libertad, solo por adversar una situación
con la que no estuvo de acuerdo.
Los venezolanos sabemos cuál es el país que podemos, queremos y
merecemos tener. El deseo de los pueblos es la verdad, y la verdad es
que el pueblo venezolano quiere unión, tranquilidad y progreso. En
definitiva todos aspiramos a más justicia y menos impunidad.
A nosotros nos quita el sueño que en nuestro país haya justicia para
todos, que todos seamos iguales ante la ley, que contemos con una
justicia transparente, con unos jueces que sean electos por concurso y
no por ponerse la camisa de un color para poder administrar la
justicia. A Nicolás solo le quita el sueño hacer todo lo necesario para
mantenerse en el poder. Él cree que con represión va a tapar la verdad y
a callar a los venezolanos.
Es comprensible el descontento del pueblo agraviado por la violencia y
su deseo legítimo de justicia y a la protesta pacífica. Aquí nadie se
puede acostumbrar a vivir inmerso en la impunidad y en las injusticias.
Mientras Nicolás duerme feliz y como un niño, nosotros seguiremos con
nuestras asambleas populares escuchando a nuestro pueblo. Todo este
descontento tenemos que convertirlo en un gran movimiento social para
plantarnos con fuerza frente al gobierno. El objetivo es unirnos para
lograr los cambios que el país necesita, porque Venezuela no son dos
mitades.
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