jueves, 6 de octubre de 2016

“Así No”

David Uzcátegui
@DavidUzcategui

Como era de esperarse, el plebiscito recientemente celebrado en Colombia, ha traído reacciones encontradas. Lo que no se esperaba era el resultado, y por ello, el tenor de las opiniones que aparecen.

Lo que se jugaba no era poco. Se sometía a la consulta con el pueblo un acuerdo de paz entre el gobierno de esa nación y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Acuerdo largamente bordado y consultado, ante los ojos del mundo.

Se creía que los colombianos votaran por el Sí, hartos de la violencia que los ha asolado por más de cincuenta años y que ha desangrado su tierra.

Si bien unos y otros apostaban por un mayor o menor porcentaje de votos por cada una de las dos opciones, eran pocos los que ponían las manos en el fuego por la opción de que ganara el No. Y eso fue lo que sucedió.

¿Qué lecturas podemos hacer de estos hechos?

Como es usual, preferimos ver el vaso medio lleno: nos parece que el vecino país ha dado pasos enormes en su proceso. Solamente el haber llevado tan compleja y dolorosa situación a la consulta plebiscitaria es un triunfo gigantesco. Y un triunfo que no se puede adjudicar ninguna de las dos partes en forma individual. Es sin duda, un éxito de los colombianos como gentilicio.

Luego, recordemos que jamás se dijo que una de las dos opciones fuera a ganar cómodamente. Aunque se apuntaba a que triunfara el sí, siempre se contemplaron márgenes estrechos. Esto quiere decir que ninguna de las dos voluntades en pugna prevalece y, desde nuestra humilde opinión, indica que hay que bordar mucho más estos diálogos de paz.

Desde la distancia observamos sin duda alguna, que se empieza a transitar el sendero de una tranquilidad que va a llegar a ser sólida. Y nos atreveríamos a decir que están bastante más que al principio. Quizá ni los mismos afectados lo hayan medido.

Sin embargo, nos alineamos con lo que piensan algunos analistas en cuanto a que, ni de lejos se trata de que nuestros hermanos se hayan negado a votar por la paz. Esa es una interpretación facilista y miope, por decir lo menos.

Lo sucedido, desde nuestro punto de vista, simplemente quiere decir que hay una mayoría que no está de acuerdo con el cómo, con la manera en la cual se está planteando esa paz. Y ejemplarmente, el gobierno respeta el resultado, aunque el No haya superado al Sí por un muy escaso margen.

En nuestra visión optimista sobre el futuro de Colombia, nos parece entender que las fuerzas están equilibradas y que eso obliga al entendimiento. Por lo tanto, la violencia definitivamente está de plano fuera del tablero, más aún cuando ambos sectores involucrados ya se dieron la mano en un evento comicial, el cual transcurrió pleno de civismo, hecho que hace quedar muy claro ante todos los involucrados, que cualquier acción menos que civil está absolutamente condenada al fracaso.

Según una interesante nota de BBC Mundo, el “No” se impuso por miedo, que es, según cita –en la misma publicación- a la profesora universitaria y periodista Ana Cristina Restrepo “el gran elector en Colombia”.

La misma fuente concluye que hubo más entusiasmo en el mundo que entre los colombianos. ¿Por qué? Piensan que se debe a que aún hay demasiadas heridas y demasiado frescas. No es fácil voltear la página en esas condiciones.

Algunos afirmaron que el voto de nuestros vecinos se debe leer más bien como un “Así no”. La paz la quieren todos, excepto las tradicionales minorías que medran ganancias de conflictos bélicos y que son cifras prácticamente marginales cuando hablamos del desangramiento de una patria.

Si tomamos en cuenta que las conversaciones de La Habana dieron a luz un acuerdo de casi trescientas páginas, el asunto se torna mucho más complejo que una afirmación o negación y sin duda exige volver sobre esos acuerdos.

Otra de las consecuencias del resultado inesperado –aunque algunos dicen que no tanto- es que la polarización, ahora más patente en las tierras vecinas, erige a dos figuras protagónicas, enfrentadas y de enorme potencia, como lo son el actual presidente Juan Manuel Santos y el ex mandatario Alvaro Uribe.

Esperemos, desde todo el continente, que ambos sepan administrar con sensatez el enorme caudal de confianza que vastos sectores de la población les han depositado en las manos. Se encuentran ante un país que ha madurado con el trabajo y que ha sabido prosperar a pesar de la enorme adversidad que guarda en su seno. Un ejemplo para el mundo.

La materia prima que sale de esta experiencia para lograr la paz, literalmente vale oro. Sí se avanzó y hay claridad sobre la dirección del viento. Todos seguimos atentos sobre el destino de este proceso histórico tan cercano a nosotros, no solamente en lo físico y lo económico, sino también en lo afectivo.

viernes, 30 de septiembre de 2016

"Malentendido"

David Uzcátegui
@DavidUzctegui
Los numerosos escollos que han aparecido y siguen apareciendo en el camino hacia la realización del referendo revocatorio presidencial, demuestran que entre las muchas cosas que se han perdido en Venezuela en estos años, se encuentra el norte de la función pública. 
Analicemos los hechos. Estamos ante un derecho consagrado en la Constitución nacional, como lo es el someter a consulta revocatoria a cualquier trabajador público de elección popular una vez transcurrida la mitad de su período. Nos encontramos en los tiempos correctos y todo parece señalar que es la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, vista la masiva concurrencia a la primera recolección de firmas, así como a la llamada “Toma de Caracas” del pasado 1° de septiembre. 
Sin embargo, justamente en estos eventos que han servido para pulsar el ánimo de la gente, hemos visto innumerables trabas y obstáculos. Desde la restricción en los días y horas de recolección de las rúbricas hasta alcabalas engorrosas e inexplicables; pasando por la lentitud de los procesos en sí. 
Por si esto fuera poco, la venidera recolección del 20% de las firmas del padrón electoral también se plantea cuesta arriba desde lo que es el punto de vista de las condiciones que pretende imponer el Consejo Nacional Electoral, entre las cuales hay unas cuantas que hacen ruido y que adversan a la voluntad de las mayorías, al dificultar la expresión eficaz de su voluntad. 
Y es aquí donde cabe la palabra “malentendido”. El servidor público tiene su razón de ser en prestar servicio. Dificultar y complicar un proceso de expresión ciudadana es una acción opuesta a lo que debe ser la vocación de quienes ocupan puestos en la administración estatal. 
Se colocan reglas desde la unilateralidad y desde la más absoluta verticalidad, olvidando que, hasta no hace mucho, el gobierno hablaba del “soberano” como un eufemismo para hablar de los venezolanos y del hecho de respetar su voluntad; pero esto sucedía especialmente cuando los deseos de las mayorías coincidían con lo que beneficiaba al oficialismo. 
Ahora, cuando el panorama es inocultablemente adverso para quienes gobiernan, parece que se hubiera acabado la luna de miel. Todo el país está bajo estado general de sospecha y hay que comprobar hasta cuatro dedos de cada venezolano para la segunda etapa de la convocatoria al referendo revocatorio. 
En días restringidos, en horas restringidas, con cantidad de máquinas restringidas. Esto no se parece ni de lejos, por ejemplo, a lo que fue el proceso de firmas para solicitar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el retiro de la orden ejecutiva que sancionaba a funcionarios venezolanos. La ley del embudo queda desnuda. 
Partiendo de que el concepto de “servidor público” pareciera desdibujado en la Venezuela actual, podemos, sin embargo, apostar una vez más a que la voluntad de la mayoría –del soberano- se impondrá por encima de todas las dificultades que propician quienes deberían estar allí para facilitar las cosas. 
La Mesa de la Unidad Democrática ha recogido el guante de algo que, más que un acuerdo, pareciera un enfrentamiento; con lo cual se pierde de vista que lo que está en juego es también el bienestar del país. 
La coalición que representa a la alternativa democrática, participará en la jornada de recolección de 20% de las firmas del Registro Electoral en esta nueva etapa del revocatorio, siempre y cuando el Poder Electoral garantice tres condiciones: la primera de ellas será que el referéndum revocatorio se realice este año; la segunda, que la recaudación deba completarse en el ámbito nacional; y por último, que sea respetada la Constitución, en especial el artículo 72, el cual establece que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Los únicos requisitos que se enumeran son que el revocatorio sea solicitado transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria y que la recolección de firmas no sea inferior al 20% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral.
Por ello, el exigirle a los promotores del revocatorio presidencial la recolección del 1% del padrón electoral, ya fue una acción fuera de la norma, ante la cual no nos queda sino preguntar por qué se exigió. Sin embrago, fue cabalmente cumplida por quienes apoyan la cita comicial, incluso muy por encima de lo solicitado y a pesar de los obstáculos literales que fueron puesto en todos los caminos. 
Nuevamente se abre pues, una oportunidad para que los funcionarios públicos del país evalúen cuál es su deber y su razón de ser. La MUD ha hecho una contraoferta perfectamente legítima en una negociación en la cual se está jugando la salida pacífica a la mayor crisis de la historia de nuestra nación. El malentendido aún se puede superar.

sábado, 24 de septiembre de 2016

“Pdvsa pide taima”

 David Uzcátegui
@DavidUzcategui

El recién anunciado canje de bonos de Petróleos de Venezuela, no hace sino confirmar un secreto a voces que los especialistas han detallado y documentado: las cuentas de la petrolera nacional no están en su mejor momento.

Y es justamente la misma empresa la que lo corrobora ahora, con esta “corrida de arruga” de una de sus obligaciones.

Para explicarlo de manera sencilla, Pdvsa emite bonos que son vendidos en mercados internacionales con el fin de recaudar recursos para optimizar su desempeño. Suponiendo que –como debería ser- este desempeño óptimo deje los números en azul, obviamente a los inversionistas les es devuelto el monto de su inversión más una ganancia en un lapso determinado.

Sin embargo, la compañía emisora ahora está proponiendo a los tenedores de estos papeles postergar la fecha de vencimiento de 2017 a 2020, a cambio de otorgar un beneficio aún mayor: 8,25 % en lugar de 5,5 %. El gobierno ha hecho la salvedad de que el canje es voluntario; pero la noticia ha sido recibida con frialdad por los mercados, según reportan especialistas.

Para quien no haya elegido la negación como alternativa ante la situación del país, no es difícil suponer por qué sucede esto. Las cuentas del ente petrolero, así como las de la administración pública nacional, no están bien. Y los venezolanos lo sabemos. Sería largo y complejo abordar a fondo los motivos de este sobresalto; pero en líneas generales, es la consecuencia de administrar desatinadamente los recursos.

En todo caso, lo interesante –visto desde afuera- es que esta situación enciende las alertas ante el verdadero estado de la petrolera. La nación, una vez más, ha cometido el error de poner todos los huevos en la misma canasta. Error que fuera advertido décadas atrás por venezolanos visionarios como Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez Alfonzo.

Nuestros actuales administradores han colocado la confiabilidad de los pagos por encima del bienestar de la gente, una decisión criticada en sus propias filas. Una encrucijada que no debería existir. Un buen gobierno es capaz de asegurar el bienestar de su pueblo y cumplir sus obligaciones financieras. Es decir, no necesita pedir taima.