David Uzcátegui
@DavidUzcategui
Desde hace tiempo, una de las
propuestas de la Mesa de la Unidad Democrática en caso de alcanzar mayoría en
el poder Legislativo, era entregar la propiedad de los inmuebles de la Gran
Misión Vivienda Venezuela a sus beneficiarios.
Llegada la mayoría de los
candidatos de la MUD a sus curules en la AN, se coloco entre los temas
pendientes en la agenda legislativa. Pero he aquí que se ha producido un
interesante y curioso debate al respecto.
El poder Ejecutivo se ha mostrado
en desacuerdo con la iniciativa que comentamos, y parece que es por algo más
que el viejo mal de la política de contradecir al opositor por el simple hecho
de serlo.
Para hacer corto el cuento, uno
de los conflictos que echa leña al enfrentamiento actual entre los dos poderes,
es este. Y las razones son como para no entenderlas.
En principio, el alegato de la
bancada democrática es que los habitantes de la Misión Vivienda son pisatarios,
a quienes hay que convertir en propietarios. Es decir, los adjudicados tienen
el uso y disfrute de esas unidades habitacionales, pero no les pertenecen por
ley. Consideramos, al igual que la
mayoría de los venezolanos, que esta es una grave omisión que tiene que ser
corregida.
Al finalizar la primera semana de
noviembre de 2015, el diputado Julio Borges, quien se ha ocupado del tema,
afirmó que para ese momento, deberían haberse entregado 342 mil viviendas para cumplir la meta de 400 mil que
anunciaron a comienzos del pasado año;
Pero la denominada “Operación Lupa” llevada a cabo por activistas de la
MUD, aseguraba que hasta ese momento, no
se había llegado a las 35 mil viviendas entregadas.
De estas contradicciones, se
desprenden inconsistencias numéricas que la bancada mayoritaria pretende
investigar, lo cual es sin duda un paso ineludible para proceder a la entrega
de la titularidad de las viviendas.
En esta auditoría no existe
ninguna intención más allá de saber realmente con qué número de unidades se
cuenta en el país, acción necesaria para saber qué terreno pisamos en ese
sentido. Y hay que aclarar, por ejemplo, el hecho de que se estarían incluyendo
presuntamente, unidades refaccionadas que no son de nueva construcción.
Se asegura que el nuevo marco
legislativo dejaría desprotegidos a los adjudicados cuando la intención es
exactamente la contraria: blindarlos contra los vaivenes que puedan atentar
contra su seguridad respecto a su techo.
¿Se utiliza esta figura vaga y
nebulosa de la actualidad para chantajear a los beneficiados de la GMVV? A los
hechos nos remitimos. El primer mandatario nacional amenazó con no construir
quinientas mil nuevas viviendas ya previstas, debido a que la mayoría del
pueblo no había apoyado su opción política en las elecciones del pasado 6 de
diciembre.
Y la satanización de la
iniciativa continúa, afirmándose ahora que se quiere “privatizar” a la Misión
Vivienda. Ese adjetivo es reiteradamente utilizado por voceros oficialistas
como sinónimo de todo el mal posible; cuando resulta que la propiedad es un
derecho universal e inalienable del ser humano, contenido, por su fuera poco,
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Otro de los retruécanos
utilizados por la vocería de la tolda roja, es afirmar que la nueva condición
legal de esos hogares dispararía la inflación en el sector inmobiliario, cuando
es exactamente lo contrario: el saneamiento y la sinceración de la condición
legal de estos venezolanos y sus techos, contribuiría a bajar la presión en un
mercado de viviendas exhausto por la escasa oferta proveniente del sector
particular, debido a la enorme dificultad para encontrar insumos de
construcción.
Sí, muy probablemente el valor de
estos inmuebles se robustecería al sincerar su situación legal, y al colocar un
piso jurídico para que los propietarios –ahora sí, con todas sus letras- emprendan
mejoras que los beneficiarán. Pero este incremento beneficiaría directamente a
las familias propietarias y a nadie más. Cualquier otra aseveración es un vano
intento por invocar a algún “coco” que meta miedo en una oscuridad que ya
comienza a disiparse.
Suscribimos pues, la afirmación
de que cada persona debe ser dueña de la vivienda que lo cobija, para que así
se vena motivados y se sientan seguros al cuidarla y mejorarla; para que le
puedan dejar una herencia a sus hijos y para que el sentido de propiedad haga
crecer a los ciudadanos beneficiados con un patrimonio sólido, circunstancia
necesaria para una calidad de vida realmente digna. Como han dicho los voceros
unitarios, que la familia tenga derecho pleno sin adjetivos, ni apellidos. La
propiedad con limitaciones, no es propiedad.
