La semana nos ha traído nuevas vueltas de tuerca en el sistema oficial de comercio de divisas en Venezuela. Principalmente, porque desapareció la tasa denominada “Dipro”, que se mantenía en la irreal cifra de diez bolívares por dólar, una cantidad que todos sabemos demasiado alejada de la realidad.
Ahora nos encontramos frente a un sistema de subastas, que ha situado el cambio, tras su primera activación, en 30.987 bolívares por euro. Esta cotización equivale a unos 25 mil bolívares por dólar estadounidense.
Este es el último eslabón de una larga cadena de controles en la compraventa de divisas que se estrenó tiempo atrás, con la creación de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) el 5 de febrero del año 2003 y que por lo tanto, está celebrando ya por estos días quince años de existencia.
No fue la primera vez que se intentó en nuestro país administrar desde el gobierno el cambio de moneda. El "Régimen de Cambio Diferencial" (RECADI) funcionó entre el 28 de febrero de 1983 y el 10 de febrero de 1989, para un total de seis años, menos de la mitad de lo que hoy llevamos en el modelo actual.
Durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, se establece la Oficina Técnica de Administración cambiaria, OTAC, que operó entre 1994 y 1996.
Vamos a decir pues, que el problema cambiario en Venezuela es de muy vieja data, y que se debe a erróneas prácticas gubernamentales en el aspecto económico.
El asunto, es que, dichas prácticas erradas, lejos de corregirse, se han profundizado y nos han llevado al sistema de control cambiario más largo de nuestra historia, contrastando con los más de sesenta años de libre convertibilidad de la moneda que marcaron al bolívar hasta principios de la década de los 80 en el siglo pasado, y que fueron posibles gracias a la confianza y solidez de nuestro signo monetario, que era reconocido como uno de los más estables del planeta.
Sin embargo, vamos a decir también que lo pasado, pisado. El asunto es: ¿cómo hacemos hoy en día para sanear las finanzas nacionales? Y, muy específicamente, para solucionar el engorroso asunto cambiario, que tiene atascada a la economía, y por tanto a la cotidianidad de todos los ciudadanos.
En primer lugar, los sistemas de control de cambio han demostrado siempre que no son mayor remedio.
Se puede entender que se asuman momentáneamente, en momentos de emergencias. Emergencias que no deberían presentarse, en tanto y en cuanto una administración acertada debería mantener sana la economía y evitar de manera preventiva el hecho de tener que recurrir a medidas de shock, como la citada.
Sin embargo, y como decíamos, medidas de este calibre deberían ser solamente puntuales, y ser levantadas una vez que los números hayan sido puestos en orden.
Por ejemplo, la OTAC de Caldera II oficializó el precio del dólar en 170 bolívares para 1994. Sin embargo, el mandato presidencial se entrega a Hugo Chávez en 1999 con un precio del dólar de 573,86 bolívares. Casi se triplicó, a pesar de las medidas.
Retomando las cifras de las dos últimas administraciones, y para hacer el cuento corto, de los 573,86 bolívares por dólar del año 99 saltamos hoy a lo que todo ya sabemos, con la acotación de que en el año 2008 -hace ya una década- se implementó el llamado “bolívar fuerte”, al hacerle una modificación a nuestra moneda con la eliminación de tres ceros.
Este periplo nos ha llevado por distintas entidades que han intentado, sin mayor éxito, contener el problema. No solamente no lo han hecho, más bien lo han empeorado.
Nos referimos al Sicad (Sistema Cambiario Alternativo de Divisas) I y II, al Simadi (Sistema Marginal de Divisas), al Dicom, a subastas y sistemas de bandas. Nada ha logrado la vertiginosa carrera del precio del dólar. Y cabe preguntarse: ¿por qué?
Desde nuestro punto de vista, lo peor que se puede hacer para desatar los fantasmas en una economía es imponer controles. Ya que ello habla de que algo no está bien, de que el sistema no es capaz de regularse por sí mismo, es una reafirmación de que necesita una mano externa para controlarlo.
Y esta afirmación o reconocimiento, es la mejor manera para empezar a crear desconfianza y generar automáticamente un rechazo a lo que envuelve.
Por otro lado, volvemos sobre lo tantas veces planteado aquí: la solución es la producción nacional, en alianza de la iniciativa particular con la administración pública, como socios en el destino de un mismo país y haciendo buena aquella expresión de negocios, tan simple pero tan poco entendida, que consiste en “ganar-ganar”. Aunque muchos no lo crean, sí se puede trabajar en conjunto y obtener beneficios para todas las partes involucradas.
Creemos que la solución es, pues, el desmontaje de cualquier control, acompañado de productividad.
David Uzcátegui
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