"Plan desarme II"

Por David Uzcátegui

Secretario Nacional de Asuntos Municipales Primero Justicia

@DavidUzcategui

Meses atrás el gobierno nacional emprendió un plan de desarme que obtuvo grandes espacios en los medios de comunicación, porque sin duda respondía a un clamor popular que unía a venezolanos de todas las tendencias políticas ante el desangramiento que está sufriendo nuestro país.

En aquel momento escribimos a favor de una iniciativa que nadie puede cuestionar, dado que se trataba de algo que todos esperábamos que el gobierno hiciera. En aquella oportunidad hubo ciertas observaciones al modo de ejecutar la propuesta, y entre esas dejamos colar algunas nuestras, con la intención de optimizar la necesaria iniciativa.

Hoy nos preguntamos qué ha sucedido con una acción que en su momento concitó voluntades a su alrededor y motivó a los más diversos sectores de la vida nacional a colocar su grano de arena. Porque también todo el mundo coincidía en que se debía tratar de una iniciativa de muy largo aliento, dados los elevados índices de armas ilegales que circulan por nuestro territorio.

En esa oportunidad, se garantizaban incentivos como ayuda a la salud, a la vivienda, al estudio y al trabajo, a cambio de la entrega de armas. Desarrollar el plan de esta manera es algo que suma a los resultados positivos, ya que muchos deben ver un cambio positivo en su vida para animarse a participar en la propuesta.

Para noviembre de 2014, la prensa internacional reseñaba la entrega de 10 mil armas en Venezuela, a cambio de cocinas y otros artefactos de línea blanca, así como computadoras y otros enseres.

También apuntamos para aquel momento, que quienes conocen del tema aconsejan no colocar dichas recolecciones en manos de fuerzas de seguridad del Estado, ya que esto tiende a disuadir a quienes puedan estar pensando en entregar las armas. Quizá ellos teman sufrir algún tipo de sanción si se acercan a un organismo de ese tipo y con eso baje la efectividad del plan. Por ello en ciertas ocasiones se ha involucrado a entes de la vida social que gozan de la confianza de todos y relacionados con la paz, como es el caso de la Iglesia.

En otras latitudes ha resultado el trabajar con el anonimato; sin embargo esta modalidad riñe frecuentemente con las posibles ayudas en los campos de educación, salud y vivienda en los cuales hay que tener la identidad de quien entrega el arma.

Algunas de las iniciativas aliadas pueden ser grupos ciudadanos de apoyo a la paz que se conviertan en multiplicadores de las voces que difundan las alternativas al uso de armas, o un plan de desarme para menores, dirigido a cambiar los juguetes bélicos por implementos deportivos, como alguna vez lo hiciera el recordado Simón Díaz en su espacio televisivo Contesta por Tío Simón.

Entre las agrupaciones que potencian estas acciones se cuenta la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras (IANSA), como un espacio de reflexión y movilización social para detener la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras. Constituyen un  movimiento mundial contra la violencia por armas de fuego, conformado por una red de 800 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 120 países.

Algunas de sus actividades son desarrollar procesos formativos, simbólicos y estrategias comunicacionales orientadas a generar, por un lado, convicción y cambios de actitud en los padres, niños y jóvenes, que logren contrarrestar el deseo bélico y el comportamiento agresivo y, por otro, la censura de la ciudadanía al porte de armas.

Otro asunto a tener en cuenta – y que comentamos en su momento- es que dicho plan de desarme no puede estar aislado de su entorno, de una compleja realidad. Hay países donde ha ido ligado a una intensa campaña educativa sobre la vida y la paz, sobre valores diversos que son contrarios al uso de armas y que se deben arraigar muy profundamente en la sociedad para que se haga impermeable a la tentación de la fuerza que encarna la pólvora.

"La urgencia del desarme"

Por David Uzcátegui
Secretario Nacional de Asuntos Municipales Primero Justicia
@DavidUzcategui

A finales del mes pasado, el gobierno central implementó un plan de desarme voluntario, en el cual se ofrece a quienes entreguen sus armas diversos incentivos, que van desde educación y equipos tecnológicos hasta intervenciones quirúrgicas.

Dicho plan ha resultado, por decir lo menos, polémico. Nadie se atreve a decir que no es necesario; pero muchos se preguntan si tales incentivos resultarán seductores a quienes tienen un arma como medio de conseguir ilegalmente su sustento y alcanzar sus torcidas ambiciones.

Desde esta tribuna, creemos que efectivamente hay razón de parte y parte. La iniciativa es urgente, necesaria y plausible; pero hay que ajustar muchas cosas, para que tenga mayor efectividad.

Expertos aseguran que ha sido una mala idea basarlo en instalaciones militares, porque estas disuaden al delincuente arrepentido de acudir. También señalan que estos planes son más efectivos cuando se dirigen al entorno del delincuente. Quizá padres, parejas, hermanos o hijos de dichos malhechores se vean más impedidos a entregar las armas en cuestión.

Sin embargo –y creo que aquí todos estamos de acuerdo- la discusión se debe dirigir hacia cómo ajustar los pormenores de la propuesta, ya que nadie, en su sano juicio, puede negar la urgencia de implementar estos planes en cuestión.

Por supuesto, vale la ocasión para debatir sobre las raíces de la violencia y qué podemos hacer para arrancarlas definitivamente. Y en este sentido, entender que la adecuada iniciativa del llamado al desarme voluntario, es apena una gota de agua en un océano de acciones impostergables.

Existe un asunto educativo de fondo. Hay que retomar el compromiso de la educación en todos los niveles, y no solamente la educación formal, sino la del ciudadano, como forjadora de principios y valores. Y nos referimos a la que da la familia, a la que da el gobierno a través de los mensajes que tiene capacidad de dejar en la cotidianidad de la gente.

Necesitamos también productividad y prosperidad. Los venezolanos tienen que volver a creer que sí pueden tener una vida digna y satisfactoria a través del trabajo y la remuneración justa que perciban por el mismo.

Es urgente. Se nos está haciendo cada vez más tarde. En los últimos días hemos padecido hechos de sangre que han conmocionado al país, como el impactante asesinato de Robert Serra, joven diputado oficialista de la Asamblea Nacional y el enfrentamiento entre civiles armados y efectivos del CICPC en el centro de Caracas.

Hablamos de hechos que han estremecido a una sociedad que ya no se conmueve ante nada, debido a la cotidianización de la violencia. Desde tiempo atrás hemos asegurado que, si algún punto de encuentro hay en este país escindido, es la condena a esta situación, que ya no amenaza con irse de las manos: se fue desde hace rato.

Lo que sí se debe tener claro es la enorme responsabilidad al respecto que tienen quienes hoy nos gobiernan. Deben ser ellos los proponentes, los coordinadores, los receptores de iniciativas. Los convocantes, los interlocutores de quienes estamos urgidos de trabajar por la paz, de cualquier color político y de diversos sectores de la sociedad.

No se trata de decir que tenemos que hacerlo antes de que sea tarde. Ya es tarde, es muy tarde. Pero es impostergable atajar a futuro la tragedia que vivimos hoy.